Aunque el incremento al salario mínimo ha permitido reducir de manera importante los llamados salarios de pobreza en México, en Sonora todavía más de la mitad de los trabajadores no alcanza el ingreso laboral considerado necesario para vivir dignamente.
Durante entrevista, Paulina Gutiérrez, directora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que el organismo analizó los ingresos de los puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de su más reciente “termómetro salarial”.
A nivel nacional, señaló, alrededor de ocho millones de puestos de trabajo registrados ante el IMSS dejaron de ubicarse en el rango de salario de pobreza entre 2023 y 2026, resultado que atribuyó en buena medida a la recuperación del valor del salario mínimo desde 2017.
Sin embargo, alcanzar el salario mínimo no necesariamente significa contar con un ingreso suficiente para vivir con dignidad.
En el caso de Sonora, la entidad ocupa el noveno lugar nacional en cuanto a trabajadores que alcanzan un ingreso laboral digno, con 47.4 por ciento. Esto significa que poco menos de la mitad llega al nivel establecido por el colectivo Vida Digna, mientras que alrededor del 52 por ciento permanece por debajo.
Gutiérrez explicó que el ingreso digno considera una canasta que va más allá de la alimentación e incorpora otros gastos necesarios para que un hogar pueda vivir adecuadamente.
De acuerdo con la metodología referida durante la entrevista, un hogar requiere alrededor de 28 mil 800 pesos mensuales para alcanzar ese estándar. Considerando que en promedio existen dos personas trabajadoras por hogar, el ingreso laboral individual debería rondar los 14 mil 400 pesos mensuales.
La cifra, aclaró, corresponde exclusivamente a ingresos provenientes del trabajo y no contempla becas u otros apoyos de programas gubernamentales.
Otro de los retos señalados por la directora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es la informalidad laboral. El análisis del termómetro salarial se concentra en trabajadores registrados ante el IMSS, por lo que deja fuera a millones de personas que laboran en la economía informal.
A nivel nacional, más del 70 por ciento de las personas trabajadoras se encuentra en la informalidad, según lo expuesto durante la entrevista. En ese sector, además, no existe la misma obligación de garantizar el salario mínimo ni el acceso a las prestaciones asociadas al empleo formal.
Para Gutiérrez, reducir la informalidad requiere replantear los mecanismos mediante los cuales trabajadores independientes y pequeños negocios pueden incorporarse gradualmente a la formalidad, incluyendo alternativas para disminuir los costos asociados a la afiliación al IMSS.
También planteó separar el acceso a los servicios de salud del estatus laboral, al considerar que la atención médica debe garantizarse como un derecho y no depender exclusivamente de contar con un empleo formal.
La especialista advirtió que las condiciones laborales también tienen efectos sobre la productividad y la permanencia de los trabajadores en las empresas. Cuando existen bajos salarios, malos tratos o pocas prestaciones, aumenta la rotación y resulta más difícil generar estabilidad laboral.
El reto, concluyó, no se limita a elevar el salario mínimo, sino a lograr que cada vez más personas tengan empleos formales, ingresos suficientes y condiciones laborales que realmente permitan salir de la pobreza.
