México ya tiene una ruta inicial para ordenar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, pero el siguiente desafío será convertir ese planteamiento en una política de Estado con reglas claras, capacidades propias y objetivos que puedan medirse.
Alonso Tamez, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, explicó que el Plan Nacional de Inteligencia Artificial parte de una premisa central: la tecnología debe estar al servicio de las personas y del interés público.
El documento organiza sus principales acciones en tres ejes: establecer un marco ético y legal sólido; desarrollar capacidades, talento y software público; y fortalecer la infraestructura tecnológica para avanzar hacia una soberanía tecnológica estratégica.
Uno de los puntos que destacó es la formación de capital humano. A través del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial se contempla capacitar y certificar a miles de mexicanos en áreas como programación, big data y fundamentos de inteligencia artificial. La primera generación considera a 10 mil estudiantes, mientras que la capacidad proyectada podría alcanzar hasta 25 mil certificaciones al año.
El reto, advirtió, será que la formación de este talento también contribuya al desarrollo del país y no termine únicamente generando profesionales que emigren hacia otros mercados.
La infraestructura representa otro de los pilares. El plan contempla fortalecer las capacidades nacionales de cómputo mediante proyectos como la supercomputadora Cuatlicue, además de impulsar centros de datos y capacidades de nube pública.
En este punto, el especialista planteó la necesidad de hablar de una soberanía estratégica de los datos, particularmente de aquella información considerada sensible, mientras que otros servicios podrían apoyarse en infraestructura privada internacional cuando resulte conveniente.
Sin embargo, uno de los aspectos centrales de la discusión será llevar estos planteamientos al terreno legislativo.
El propio plan reconoce que se requiere un marco legal federal que defina derechos y obligaciones, por lo que una parte importante de la discusión llegará al Congreso.
Desde la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, explicó, se trabaja en una propuesta de ley y en una estrategia nacional que busca ir más allá del actual plan.
“La estrategia es otra cosa”, señaló, al explicar que la intención es establecer una visión compartida entre gobierno, empresas, academia y sociedad, con metas concretas, mecanismos de evaluación y responsabilidades definidas.
Mientras el plan representa un primer paso para ordenar la política pública en materia de inteligencia artificial, la estrategia buscaría establecer hacia dónde quiere llegar México y cómo medir si realmente está avanzando.
Para el especialista, la transformación tecnológica no puede quedar únicamente en manos del gobierno. También será necesario que estados, empresas, universidades y organizaciones impulsen programas de capacitación y recapacitación laboral para preparar a la población ante los cambios que traerá la inteligencia artificial.
El desafío, concluyó, no es detener una revolución tecnológica que ya está ocurriendo, sino preparar al país para aprovecharla sin dejar de proteger los derechos de las personas.
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