Días después de las riñas del 8 y 9 de octubre en el penal de Mazatlán, el Gobierno federal anunció la construcción de seis nuevas cárceles en el país; una de ellas en Sonora, uno de los estados con los penales más saturados.
A simple vista parece una decisión acertada y lógica: si sobran internos, un nuevo centro alivia la sobrepoblación. Pero viendo cómo se encuentran los reclusorios de Sonora, habría que preguntarnos si eso basta para atacar el problema de raíz.
Sonora es el segundo estado con más presos de sobra en el país, solo detrás del Estado de México. Sus 13 penales estatales tienen 7 mil 988 espacios y en agosto encerraban a 16 mil 722 personas, 8 mil 734 más de las que su capacidad permite.
El Cereso de Ciudad Obregón alberga a 2 mil 932 internos donde caben solo 910, más de tres por lugar. El de Hermosillo guarda a 6 mil 403 en un espacio para 2 mil 393 y es el cuarto más sobrepoblado entre los 275 del país. Magdalena, Navojoa y Guaymas también rebasan el doble de su cupo.
¿Más presos es más justicia?
Las cárceles de Sonora no se están llenando de sentenciados. De junio de 2024 a agosto de 2026, la población penitenciaria pasó de 11 mil 032 a 16 mil 722 personas. En ese lapso, quienes ya tenían condena disminuyeron, de 6 mil 829 a 6 mil 606. Los que crecieron fueron los que aún esperan juicio: de 4 mil 203 a 10 mil 116, es decir, del 38.1% al 60.5% del total.
Hoy, seis de cada diez internos en Sonora no tienen sentencia, la cuarta proporción más alta del país. El promedio nacional es de 45%.
¿A qué se debe este crecimiento?
Buena parte tiene nombre. Se llama “prisión preventiva oficiosa”.
En entrevista, la abogada penalista Liliana Bernal explica que esta figura se aplica cuando el delito forma parte de la lista del artículo 19 constitucional.
“El juez, en automático, impone la medida cautelar. No hay ningún debate”, señala.
En diciembre de 2024, ese catálogo creció con la extorsión, los delitos ligados al fentanilo y las facturas falsas. Al cierre de ese año, el 45.1% de los internos sin sentencia en Sonora estaba bajo esta medida. Doce meses después, según el INEGI, ya era el 58.4%.
“Ya ves que los legisladores aumentan las penas, o aumentan el catálogo de la prisión preventiva oficiosa, y ahorita pues ya estamos viendo un colapso en el sistema penitenciario”, afirma Bernal. Y agrega que eso “no está inhibiendo a la delincuencia”.
La Constitución marca que nadie debe pasar más de dos años en prisión preventiva. “Pero estamos en un país donde los procesos penales pueden durar hasta cinco, diez años”, advierte.
En Sonora, 632 personas llevan más de dos años esperando un fallo. Y si al final resultan inocentes, el Estado rara vez responde. “No he visto hasta el día de hoy que prospere un asunto así”, dice la especialista sobre las demandas para que se les repare el daño.
Y sumándole a esto, hay que recordar lo poco que llega a la justicia. Según la última Encuesta Nacional de Victimización del INEGI, en Sonora solo se denunció el 6.5% de los delitos cometidos en 2025. Y en todo el país, apenas el 1.1% llega a algún desenlace. Uno de cada cien.
“Pues eso es un todo”, resume la abogada. “Las fiscalías están rebasadas, los órganos jurisdiccionales pues están rebasados”. Las salidas que la ley ofrece para destrabar los casos, como los acuerdos reparatorios o los procedimientos abreviados, casi no se usan. “No están haciendo uso de esto en la Fiscalía”, apunta.
Casi nadie denuncia. Casi nada se resuelve. Y aun así, el sistema penitenciario ya está colapsado.
Si con apenas uno de cada cien delitos que llegan a algún desenlace las cárceles ya no caben, ¿qué pasaría el día que la justicia funcione? ¿Cuántas de las 10 mil 116 personas sin sentencia saldrían libres si un juez revisara hoy su caso, y cuántas se quedarían, ya juzgadas? ¿Cuántos jueces, fiscales y defensores hacen falta para que un proceso dure lo que marca la ley? ¿Y cuándo vamos a medir la seguridad por los casos resueltos y no por el número de celdas?
