Hermosillo, Sonora.- Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos continúan generando impactos severos en niñas, niños y adolescentes, tanto migrantes como ciudadanos estadounidenses hijos de personas deportadas, advirtió Israel Ibarra, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Durante una entrevista con la periodista Soledad Durazo, el académico señaló que uno de los efectos más preocupantes es la separación familiar derivada de las detenciones y deportaciones realizadas por autoridades migratorias estadounidenses.
De acuerdo con datos citados por el investigador, más de 60 mil personas migrantes permanecen detenidas en centros de detención de Estados Unidos, mientras que cientos de miles han ingresado a estos espacios durante los primeros meses de la actual administración.
Ibarra explicó que investigaciones recientes estiman que alrededor de 145 mil menores de edad con ciudadanía estadounidense han experimentado la detención de al menos uno de sus padres desde el inicio del actual gobierno federal estadounidense, mientras que cerca de 25 mil enfrentaron la detención de ambos progenitores.
“Hay una afectación no solo directa a los menores migrantes, sino también a aquellos que están siendo separados de sus padres”, indicó.
El especialista agregó que organizaciones civiles han documentado condiciones deficientes en centros de detención para menores, incluyendo hacinamiento, falta de atención adecuada y permanencias superiores a los 20 días permitidos por el Acuerdo Flores, vigente desde 1997.
Respecto a la situación de México, señaló que durante el primer trimestre de 2026 fueron deportados 529 menores mexicanos desde Estados Unidos. Dentro de ese panorama, Sonora registró 44 casos, concentrándose principalmente en municipios fronterizos como Nogales y Agua Prieta.
Sin embargo, advirtió que la problemática no se limita a menores mexicanos.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos deportó miles de personas de terceros países, incluyendo al menos 700 niñas y niños extranjeros enviados a territorio mexicano, quienes enfrentan incertidumbre jurídica y dificultades para acceder a servicios básicos.
“El problema no es solamente qué pasa con los menores mexicanos deportados, sino también qué ocurre con los menores de otros países que son enviados a México y quedan en una situación de vulnerabilidad”, sostuvo.
Ibarra consideró indispensable fortalecer la atención institucional, especialmente en materia de acompañamiento psicológico, educación y reunificación familiar, así como diseñar estrategias de regularización para las personas migrantes que permanecen en condiciones de incertidumbre.
Finalmente, llamó a visibilizar la situación de las infancias migrantes y a construir políticas públicas que prioricen la protección de sus derechos y su bienestar integral.
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