La especialista en derechos humanos contrastó los 30 minutos que tomó aprobar una iniciativa sobre concesiones municipales con los 13 meses de discusión sobre la edad de consentimiento sexual de niñas y niños.
La especialista en derechos humanos Jeanette Arrizon cuestionó los tiempos del Congreso de Sonora para atender iniciativas relacionadas con la protección de niñas, niños y adolescentes, al señalar que mientras una reforma sobre concesiones de servicios públicos municipales fue aprobada en aproximadamente media hora, la discusión para elevar la edad de consentimiento sexual infantil lleva más de un año sin resolverse.
Durante una entrevista con Soledad Durazo, Arrizon explicó que la iniciativa relacionada con las concesiones municipales se presentó mediante un procedimiento de urgente y obvia resolución, lo que evitó su turno a comisiones y la realización de consultas a la ciudadanía y a los ayuntamientos.
Aunque aclaró que su cuestionamiento no se centra en el fondo de la propuesta, consideró que media hora resulta insuficiente para analizar una modificación que puede tener implicaciones en la prestación de servicios públicos municipales y en las facultades de los ayuntamientos.
En contraste, señaló que el Congreso lleva 13 meses realizando foros, consultas y mesas de análisis para discutir el incremento de la edad de consentimiento sexual, que actualmente se establece en 12 años en el supuesto legal al que hizo referencia durante la conversación.
“Yo insisto en que la Constitución consagra el interés superior de la niñez y no podemos someter a consulta popular la protección de los derechos humanos”, sostuvo.
Arrizon consideró que la protección de las infancias debería recibir una atención prioritaria, particularmente ante el contexto de violencia y agresiones sexuales contra menores de edad. En ese sentido, planteó que la edad de consentimiento debería elevarse al menos a los 16 años.
También advirtió que la reforma sobre concesiones podría generar dificultades para los municipios si las decisiones quedan sujetas a la aprobación del Congreso, especialmente cuando existen diferencias políticas entre los gobiernos municipales y la mayoría legislativa.
La especialista agregó que, hasta donde pudo verificar, la reforma para prohibir el matrimonio infantil tampoco había sido publicada en el decreto correspondiente un mes antes de la entrevista, aunque reconoció que no pudo confirmar su estatus actualizado debido a problemas de acceso a la página del Congreso.
Finalmente, insistió en que los procedimientos legislativos deben atender la complejidad de cada asunto, sin que los temas de protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes queden relegados frente a otras discusiones.
