El campo sonorense enfrenta una reducción importante en su superficie de siembra, particularmente en el cultivo de trigo, en un escenario marcado por la escasez de agua, el encarecimiento de los insumos y las condiciones del mercado.
Ante este panorama, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para modificar las reglas con las que se destinan apoyos al sector agrícola y facilitar que los productores puedan invertir en infraestructura, maquinaria, sistemas de riego y nuevas alternativas de producción.
La dimensión del problema se refleja en las cifras citadas en la propuesta. Mientras en 2020 se sembraron 434 mil hectáreas de cultivos cíclicos en Sonora, para 2025 se estima una superficie de 233 mil hectáreas.
En el caso del trigo, uno de los principales cultivos de la entidad, la superficie pasó de 250 mil 069 hectáreas en 2024 a una estimación de 59 mil 163 hectáreas para 2025. La producción también habría disminuido de alrededor de 1.5 millones de toneladas a 414 mil toneladas.
Tapia Fonllem sostuvo que la reducción no solamente afecta a los productores, sino que tiene repercusiones en el empleo y en la actividad económica de las comunidades agrícolas.
“Cada hectárea que se deja de sembrar es menos empleo, menos jornales, menos movimiento económico en comunidades enteras del Yaqui, Mayo, Costa de Hermosillo, Caborca y San Luis Río Colorado. No podemos ver esto como un problema de un solo ciclo, necesitamos instrumentos legales permanentes”, señaló.
La propuesta contempla reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora y la Ley para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Orgánica para ampliar las posibilidades de apoyo al productor.
Uno de los cambios planteados es que los recursos puedan dirigirse a la modernización de maquinaria, infraestructura agrícola y sistemas de riego, además de tecnologías para hacer un uso más eficiente del agua y alternativas como las energías renovables.
También se busca facilitar la combinación de recursos públicos y privados para financiar proyectos del sector, así como establecer mecanismos de acompañamiento cuando un cultivo deje de ser viable por condiciones de agua, clima o mercado.
En esos casos, la iniciativa plantea que los productores puedan optar voluntariamente por una reconversión productiva y recibir asistencia técnica, capacitación, semillas o equipo. La propuesta no contempla que la autoridad determine qué deben sembrar.
Otro de los puntos incorpora la recuperación de la capacidad productiva después de contingencias como sequías, heladas, inundaciones, plagas o enfermedades.
La iniciativa plantea además que el diagnóstico de las necesidades del campo considere variables como la disponibilidad de agua, los costos de producción, el comportamiento de los mercados y el nivel de tecnificación, con la intención de que los apoyos respondan a las condiciones reales de los productores.
“Esta reforma busca que el apoyo no se vaya solo en un ciclo, sino que se quede en el campo en forma de maquinaria, riego tecnificado e infraestructura que siga produciendo”, afirmó la legisladora.
