Abogado presenta una querella penal y una denuncia administrativa para exigir acciones ante las condiciones de riesgo que persisten en el hospital del ISSSTE en Hermosillo.
Las condiciones en las que opera el Hospital Ocaranza, en Hermosillo, ya llegaron a la vía legal. El abogado Andrés Ortega informó que fueron presentados dos recursos relacionados con las omisiones detectadas en materia de seguridad y Protección Civil dentro del inmueble.
Durante una entrevista, explicó que el primero corresponde a una querella ante el Ministerio Público de la Federación, con la intención de que se investiguen posibles responsabilidades penales derivadas de la falta de atención a las condiciones de seguridad del hospital.
El segundo recurso consiste en una denuncia administrativa por hechos que podrían constituir responsabilidades administrativas graves. Ambos procedimientos parten de un dictamen en el que se identificaron 48 observaciones que, de acuerdo con el abogado, continúan sin ser atendidas.
Ortega señaló que entre las autoridades mencionadas se encuentra el director general del ISSSTE, Martín Batres, al considerar que existe conocimiento sobre la situación que enfrenta el hospital.
Aclaró, sin embargo, que la responsabilidad de los funcionarios locales tendría que determinarse de acuerdo con sus atribuciones. Si una problemática rebasa su capacidad de solución, explicó, lo que corresponde es informar a sus superiores y dejar constancia de las gestiones realizadas.
Uno de los puntos que también se cuestiona es la actuación de Protección Civil. El abogado sostuvo que las autoridades estatales cuentan con facultades para implementar medidas preventivas cuando detectan condiciones que representan un riesgo para la población.
En este caso, indicó, se realizaron inspecciones y se levantó un acta circunstanciada con los hallazgos, pero posteriormente el expediente fue remitido a instancias nacionales. Para Ortega, enviar la información a otra autoridad no debería significar que se deje de actuar cuando existe un riesgo potencial para la vida de las personas.
La denuncia administrativa será presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede regional en Ciudad Obregón. De acuerdo con el abogado, esta vía también busca que puedan establecerse medidas cautelares que permitan tomar acciones inmediatas ante las condiciones del inmueble.
Mientras continúa la ruta jurídica, también se mantiene otra vía para los derechohabientes que enfrentan problemas para recibir atención médica. Ortega explicó que mediante amparos se ha logrado que pacientes del ISSSTE sean atendidos en otras instituciones cuando se vulnera su derecho a la salud.
Estos recursos pueden utilizarse, señaló, para obtener atención médica, citas con especialistas, cirugías, medicamentos y otros servicios que hayan sido negados o retrasados injustificadamente.
El abogado destacó que esta herramienta no se limita al caso del Hospital Ocaranza ni exclusivamente al ISSSTE, pues puede recurrirse a la vía de amparo cuando se trata de una institución pública de seguridad social y existe una vulneración al derecho a la salud.
La estrategia legal, explicó, continuará por dos caminos: acompañar a los derechohabientes que necesiten atención médica y dar seguimiento a los recursos presentados por las condiciones del hospital.
El objetivo, dijo, es que tanto trabajadores como pacientes puedan permanecer en instalaciones seguras, mientras se define el futuro del Hospital Ocaranza y se determina la responsabilidad de las autoridades involucradas.
