A poco más de un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las dudas sobre el manejo de los recursos públicos en el Congreso de la Unión han aumentado, mientras ciudadanos y periodistas enfrentan mayores obstáculos para acceder a información que antes podía obtenerse mediante mecanismos de transparencia.
La periodista de investigación sonorense Zoraida Gallegos, autora de la investigación “Reina opacidad en el Congreso: los gastos de Adán Augusto y Noroña bajo llave”, publicada en El Universal, explicó que actualmente son las propias contralorías de la Cámara de Diputados y del Senado las que funcionan como autoridades garantes de la información.
El problema, señaló, es que cuando una persona presenta una solicitud y considera insuficiente la respuesta recibida, la inconformidad termina siendo revisada por un órgano perteneciente a la misma institución que generó la información.
De acuerdo con su investigación, entre junio de 2025 y junio de 2026 se registraron 175 recursos de revisión, pero ninguno concluyó con una resolución favorable para el ciudadano que solicitó la información.
Gallegos explicó que buena parte de los casos terminan en sobreseimientos. Esto ocurre cuando, durante el proceso de revisión, el sujeto obligado modifica o amplía su respuesta, aunque ello no necesariamente significa que entregue los documentos solicitados. En algunos casos, la información vuelve a clasificarse como reservada o simplemente se mantiene la respuesta original.
El resultado, consideró la periodista, es un escenario en el que se vuelve mucho más complicado conocer cómo se utilizan los recursos públicos dentro del Poder Legislativo.
Uno de los ejemplos mencionados durante la entrevista fue el caso del diputado Sergio Gutiérrez Luna, respecto a información relacionada con la comprobación de recursos para asistencia legislativa y otros gastos parlamentarios. La respuesta pasó de señalar que la información no había sido localizada a argumentar que se encontraba reservada debido a una auditoría.
Para Gallegos, que una factura forme parte de una auditoría no debería ser suficiente para impedir el acceso a información relacionada con el ejercicio de recursos públicos.
La periodista también recordó que anteriormente el INAI podía emitir resoluciones que obligaran a las autoridades a transparentar información de alto interés público. Como ejemplo, mencionó el caso Ayotzinapa, donde un recurso de revisión permitió abrir información de la investigación que había sido clasificada como reservada.
El acceso a ese expediente, explicó, permitió a periodistas e investigadores encontrar datos que no habían sido conocidos públicamente y que contribuyeron al debate sobre lo ocurrido con los estudiantes normalistas.
A diferencia de aquel escenario, actualmente las autoridades responsables de generar o resguardar la información también participan en la revisión de las inconformidades, lo que, de acuerdo con la periodista, representa una importante limitación para la transparencia.
Gallegos descartó que el problema se limite a un solo partido político. Señaló que existen dificultades para conocer con precisión el destino de recursos públicos utilizados por legisladores de distintas fuerzas políticas, además de advertir una disminución en la capacidad de fiscalización.
El cambio deja así una pregunta de fondo: si las instituciones son las mismas que deciden qué información reservan y también las encargadas de revisar las inconformidades, ¿quién garantiza realmente el derecho ciudadano a saber cómo se utilizan los recursos públicos?
