El abogado penalista Odracir Espinoza llamó a analizar con cautela las investigaciones relacionadas con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que ambos casos se encuentran en medio de un fuerte contexto político y jurídico.
Durante una entrevista con la periodista Soledad Durazo en Radio Fórmula Sonora, el especialista señaló que antes de emitir juicios o responsabilizar públicamente a funcionarios, es necesario esperar el desarrollo de las investigaciones y los resultados que arrojen las autoridades.
“Hay que ser muy cautelosos. No me atrevería a decir si existe o no un delito hasta conocer qué arroja la investigación y el proceso”, expresó.
Espinoza explicó que uno de los puntos más delicados en el caso de Maru Campos es la posible participación o colaboración de agentes extranjeros en territorio mexicano, tema que, dijo, debe analizarse cuidadosamente para determinar si existió alguna conducta ilegal por parte de funcionarios o autoridades locales.
No obstante, consideró complicado acreditar jurídicamente una participación directa de la mandataria estatal en este tipo de decisiones.
“¿Cómo compruebas que una gobernadora autorizó algo así? No necesariamente existirá un documento o una instrucción directa”, comentó.
El abogado recordó que México mantiene acuerdos y mecanismos de colaboración internacional en materia de seguridad e inteligencia con otros países, particularmente con Estados Unidos, mediante esquemas como la Iniciativa Mérida y posteriormente el Entendimiento Bicentenario.
Sin embargo, precisó que dichos convenios no implican que agentes extranjeros puedan realizar labores de investigación o procuración de justicia de manera directa dentro del país.
“Sí existen colaboraciones y estrategias conjuntas, pero eso no significa que puedan intervenir extraterritorialmente en México”, puntualizó.
Durante la conversación, Espinoza también comparó el tratamiento mediático y político que han recibido distintos casos recientes, entre ellos el de Rocha Moya y otros relacionados con expulsiones o procesos de seguridad nacional.
Finalmente, insistió en que la Fiscalía General de la República debe asumir un papel serio y transparente en este tipo de investigaciones, evitando que los temas jurídicos terminen reducidos únicamente a disputas políticas o mediáticas.
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