La maternidad dentro de las cárceles de Sonora sigue siendo una realidad poco visible, marcada por carencias institucionales y desafíos en materia de derechos humanos. En el marco del Día de las Madres, cifras oficiales revelan que siete de cada diez mujeres privadas de la libertad en la entidad son madres, una proporción superior al promedio nacional y que refleja cómo el encarcelamiento también impacta directamente a niñas, niños y familias enteras.
Datos difundidos por el INEGI señalan que actualmente hay 721 mujeres en centros penitenciarios de Sonora. Detrás de estas cifras se encuentran historias de mujeres que, además de enfrentar procesos judiciales, mantienen responsabilidades de cuidado y crianza en condiciones limitadas y con acceso insuficiente a servicios básicos.
Uno de los aspectos que más preocupa es que casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad en México permanece sin sentencia. El 46.3% se encuentra en prisión preventiva, es decir, sin una resolución definitiva sobre su situación jurídica. Esta condición genera consecuencias no solo para ellas, sino también para sus hijas e hijos, quienes suelen enfrentar afectaciones emocionales, económicas y sociales derivadas de la separación familiar y la incertidumbre legal.
Aunque la legislación mexicana contempla derechos específicos para mujeres embarazadas, en lactancia o con menores bajo su cuidado, las condiciones dentro de los centros penitenciarios todavía muestran importantes deficiencias. En Sonora, poco más de la mitad de las cárceles cuentan con áreas de maternidad, mientras que apenas el 22.2% dispone de espacios de desarrollo infantil y solo un tercio tiene zonas de alojamiento para niñas y niños que permanecen junto a sus madres.
A esto se suma la falta de atención médica especializada. El informe del INEGI revela que los centros penitenciarios de la entidad no cuentan con personal asignado en ginecología, pediatría ni atención de urgencias, lo que evidencia una brecha entre lo que establece la normatividad y la realidad que enfrentan las internas.
La situación también involucra a menores de edad que viven dentro del sistema penitenciario junto a sus madres. Aunque se trata de una problemática poco discutida, especialistas y organizaciones consideran necesario abrir el debate sobre las condiciones en las que se desarrolla la infancia en estos espacios y la necesidad de garantizar entornos adecuados para su desarrollo integral.
Ante este panorama, los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora y Hermosillo hicieron un llamado a visibilizar la situación desde una perspectiva de derechos humanos y dignidad. Señalaron que mejorar las condiciones para las mujeres privadas de la libertad, especialmente aquellas que son madres, también representa una medida de protección para niñas y niños.
El tema pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre justicia, igualdad y derechos humanos, recordando que la manera en que una sociedad trata a las mujeres y a la infancia, incluso dentro de las cárceles, también refleja el estado de su sistema de justicia y su compromiso con la dignidad humana.
