Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa remitida por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que establece nuevas herramientas jurídicas dentro de las leyes de Competitividad y Desarrollo Económico, y Estatal de Mejora Regulatoria, que permitirán a las autoridades estatales y municipales la eliminación o simplificación de disposiciones regulatorias que obstaculicen la generación de empresas, lo que impulsará la creación de empleos que favorezcan el desarrollo económico en caso de una contingencia.
Se trata de una nueva categoría de incentivos denominados extraordinarios que se adicionó a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, así como la figura denominada “Apertura a la Confianza” que se incluyó en la Ley Estatal de Mejora Regulatoria. Ambas normas forman parte de la iniciativa que el 21 de diciembre de 2020 presentó ante esta Soberanía la titular del Poder Ejecutivo estatal, Claudia Pavlovich.
La Comisión de Fomento Económico y Turismo recomendó al Pleno la aprobación del dictamen, por considerar que con la entrada en vigor del Decreto, podrán establecerse herramientas jurídicas durante cualquier eventualidad que afecte de manera negativa las actividades económicas de los sonorenses.
“Nuestras autoridades estatales y municipales puedan eliminar o simplificar las disposiciones regulatorias que obstaculicen de alguna forma la generación de empresas y, en consecuencia, impulsaremos la creación de empleos que favorecen el desarrollo económico”, establece uno de los considerandos.
De acuerdo al dictamen aprobado, la nueva categoría de incentivos denominados extraordinarios se sumarán a los incentivos fiscales y no fiscales que ya existen en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico, los cuales solo pueden aplicarse durante las declaratorias oficiales de contingencias, emergencias o desastres que tengan implicaciones negativas en las actividades económicas que se desarrollan en el Estado.
Su objetivo es simplificar los procesos administrativos estatales y municipales necesarios para la apertura de negocios, simplificando permisos, autorizaciones, licencias o cualquier autorización que puedan obstaculizar el emprendimiento y la reactivación económica, destaca el Decreto al que dio lectura la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.
En lo que respecta a la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, la propuesta busca implementar una política de buena fe a través de la figura denominada “Apertura a la Confianza”, por medio de la cual las autoridades estatales y municipales podrán instrumentar acciones extraordinarias consistentes en el otorgamiento de facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que realicen personas físicas y morales para la apertura de negocios.
En esta sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Acuerdo mediante el cual esta Soberanía convoca a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de familiares, grupos organizados de víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas, colegios de profesionales y activistas que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como a expertos en la materia, para ocupar el cargo de consejera o consejero del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó la iniciativa para declarar desierta la convocatoria contenida en el Acuerdo número 244 aprobado en mayo del año pasado, y a las personas inscritas en la anterior convocatoria se les tendrá por inscritas, como quedó consignado en el diverso Acuerdo número 316, aprobado por el Congreso el 3 de septiembre de 2020.
El diputado Eduardo Urbina Lucero expuso que el Consejo Estatal es un órgano de consulta en materia de búsqueda de personas, cuyas decisiones serán públicas, en apego a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Estará integrado por al menos dos familiares que representen a las personas desaparecidas o no localizadas, tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General. Se procurará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense.
También lo integrarán dos representantes de organizaciones de la sociedad civil que cuenten con experiencia en el tema, para lo cual deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos; haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de la Ley número 81, que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y que en su Capítulo IV ordena la creación de un Consejo Estatal.
A partir de la fecha de publicación de la convocatoria se abrirá un plazo de 30 días hábiles para que se presenten las postulaciones de las y los aspirantes, las cuales se recibirán en un horario de las 08:00 a las 15:00 horas, en Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
Otro Acuerdo aprobado por el Pleno es el que resuelve hacer un llamado al Poder Ejecutivo estatal, para que siga cabalmente el proceso legislativo dispuesto para la publicación de leyes y decretos, y en caso de incumplimiento, esta Soberanía podrá iniciar un procedimiento sancionador a aquellos funcionarios que incumplan con las disposiciones establecidas en la Ley.
En el exhorto propuesto por el diputado Luis Mario Rivera Aguilar destaca que la vigencia de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo se encuentra a la merced de si el Ejecutivo del Estado desea publicarlas o no.
“Esta manera de ignorar al Congreso del Estado no puede pasar desapercibida. Dicha acción es una clara violación a la Constitución local y a nuestras leyes, las cuales establecen un plazo determinado y la obligación del Ejecutivo de enviar inmediatamente al Boletín Oficial lo aprobado por este Congreso”, expresó el legislador ante el Pleno.
Agregó que cualquier producto legislativo que emana de esta asamblea es de carácter vinculatorio y su incumplimiento tiene consecuencias jurídicas, y mencionó como ejemplo los exhortos que quedan sin respuesta y la falta de reglamentación para algunas de las leyes aprobadas en el Congreso, así como los decretos que no publican en los términos constitucionales.
La asamblea también aprobó el Acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual este Poder Legislativo resuelve hacer del conocimiento a la ciudadana Yesenia Vianey Salaiz Casillas, regidora suplente del Ayuntamiento de Naco, Sonora, que resulta necesario acuda a rendir protesta de ley para ejercer funciones de regidora propietaria, en virtud del fallecimiento de la ciudadana Lorena Granillo Valencia.
Turnan iniciativas a comisiones dictaminadoras
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras diversas iniciativas, la primera presentada por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Sonora.
Propuso introducir la figura de la imprevisión en los contratos civiles de tracto sucesivo, como sería la compra venta de una casa donde el pago de la misma es por diez o 15 años, o un arrendamiento por uno o dos años, a efecto de que los particulares tengan una alternativa de solución jurídica en aquellos contratos civiles de los cuales por causas extraordinarias a las partes, se encuentran en una situación de dificultad para continuar cumpliendo lo pactado en un contrato, al ser la pandemia una situación extraordinaria.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en tanto la Segunda Comisión de Hacienda estudiará la iniciativa presentada por el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 216 de la Ley de Hacienda del Estado.
Explicó que pretende se reduzca en un 50 por ciento el cobro que se les hace a los empresarios por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, ya que requieren que se les brinden estímulos para poder continuar sus negocios y se eliminen medidas restrictivas, como le plantearon en los municipios de Cananea y Agua Prieta, Sonora.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará por su parte la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objeto de adecuarla a la reforma constitucional que permite que los miembros de los ayuntamientos puedan ser electos para el mismo cargo por un periodo adicional, indicó el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano.
Agregó que el Artículo 29 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal debe reformarse, en virtud de que no establece que los miembros de los ayuntamientos puedan ser electos para el periodo inmediato, como sí lo establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Eduardo Urbina Lucero presentó enseguida una iniciativa con proyecto de ley de coordinación fiscal del Estado de Sonora, misma que se turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida.
Entre los aspectos del proyecto destacó que busca mejorar la intermediación que hace el Estado para la distribución de recursos por participaciones y aportaciones federales a los municipios de Sonora, que sea acorde a la Ley General; atender las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y la recomendación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, referente a la actualización de variables.
También destacó lo siguiente: distribuir las participaciones que incentiven la recaudación y contenga principios resarcitorios; transparentar la asignación y aplicación de las participaciones y aportaciones federales y estatales que ministre el Estado a los municipios, así como la relación fiscal entre Estado y municipios; y difundir a la población en general sobre la recaudación participable y las participaciones por Municipio.
Otra iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, a efecto de reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora para incrementar las penas a quienes realicen disparos al aire, por considerar, dijo, que la imprudencia de algunos puede significar el sufrimiento de otros.
En la iniciativa propone que se imponga pena de cinco años un mes a ocho años de prisión y multa de 40 a 400 unidades de medida y actualización a quien incurra en esa conducta, y cuando ocurra en fines de semana, días festivos y/o de asueto, o en eventos públicos, en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra substancia que afecte las facultades psicomotrices, la sanción sería de seis a nueve años de prisión y multa de 100 a 500 UMA. Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la iniciativa presentada por la diputada Miroslava Luján López, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Ley del Boletín Oficial y a la Ley Estatal de Responsabilidades.
Expuso que se busca establecer un plazo máximo de tres días naturales al Boletín Oficial para que publique aquella Ley o Decreto que le haya ordenado el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, así como establecer que el titular del Boletín Oficial incurrirá en falta grave, en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, cuando omita publicar una Ley o Decreto.
Una vez desahogado el orden del día, la Presidencia citó al Pleno a sesión este jueves 11 de febrero, a las 12:00 horas, la cual será de manera virtual.
