El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al marco jurídico de actuación del Poder Judicial del Estado de Sonora, dada la nueva competencia que este tiene en materia de justicia laboral y para adecuarlo a las modificaciones aprobadas sobre este tema en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Decreto establece la distritación judicial que tendrán los juzgados laborales en el Estado, en la que se señalan los municipios que comprenderá cada Distrito Judicial, así como su cabecera; se incluye dentro de los juzgados de primera instancia a los juzgados laborales; se establece la competencia que estos tendrán en la entidad; y la programación presupuestal suficiente para que el Poder Judicial pueda cumplir con la nueva encomienda.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos estudió la iniciativa presentada el 5 de septiembre de 2019 por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, quien planteó la necesidad de adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora a las reformas que se han aprobado al marco constitucional, tanto a nivel federal como local.
La legisladora dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, en cuyos considerandos destaca que mediante oficio de fecha 19 de diciembre de 2019, la dictaminadora solicitó la opinión sobre la iniciativa al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien el 14 de febrero de este año envió oficio a este Poder, en el que manifiesta estar de acuerdo con el texto de la propuesta presentada e hizo una sugerencia de técnica legislativa para el resolutivo del articulado.
“Para que sea procedente legalmente hablando la operación de los juzgados laborales, es necesario que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca dentro de su estructura a los juzgados laborales, ya que de no hacerlo, carecerían de competencia para resolver los conflictos que se presenten en la materia”, establece otro de los considerandos del dictamen.
En el dictamen se asienta que no debe esperarse a la conclusión del plazo de tres años para que en el Estado inicie la implementación del sistema de justicia laboral, puesto que se deben de iniciar diversas acciones de capacitación, planeación y presupuestación para la operatividad de los juzgados laborales.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ambas del Estado de Sonora, elaborado por la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Dicha dictaminadora estudió las iniciativas presentadas el 11 y 18 de febrero de este año por el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, quien en la primera de estas propuso establecer como objetivo de la política ambiental en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, así como de los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, la obligación de los municipios del Estado para que las ciudades se comprometan a contar con los espacios verdes necesarios.
En la segunda iniciativa planteó que el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, como centros docentes y de salud, espacios públicos para la recreación, el deporte y zonas verdes destinados a parques, plazas, jardines o zonas de esparcimiento, deben ser de alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno.
En la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora quedó establecido que las autoridades municipales y estatales deberán garantizar la existencia de una proporción de nueve metros cuadrados de área verde por cada habitante en zonas urbanas, y para su forestación deberán contemplar especies nativas.
En la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se definen una serie de parámetros legales para garantizar la creación de espacios públicos verdes en las zonas urbanas del Estado, que cuenten con vegetación nativa o de bajo consumo hídrico y la infraestructura urbana que proporcione a la población servicios ambientales y sociales, como la captura de carbono, protección de biodiversidad, mejora de la calidad de aire, control de temperatura urbana, calidad de vida, integración social y actividad física para los usuarios.
Turna Presidencia iniciativas a comisiones dictaminadoras
En esta sesión ordinaria se presentaron cuatro iniciativas, la primera por parte de la diputada Ernestina Castro Valenzuela, quien expuso que, ante las múltiples denuncias y quejas de los habitantes de las regiones agrícolas del Estado, tanto del Sur como del Noroeste, considera necesario crear un tipo penal que castigue de manera severa lo que comúnmente se conoce como quema de gavilla.
Agregó que dicha mala práctica no solo contamina el medio ambiente sino que también afecta la salud de los sonorenses, mientras que los responsables no son sancionados ni por la autoridad ambiental ni castigados penalmente, a pesar de existir disposiciones normativas que lo prohíben, por lo tanto propuso la adición de un artículo 341 bis al Código Penal del Estado de Sonora, en los siguientes términos:
A quien realice la quema de esquilmos o gavilla, sin autorización de la autoridad competente se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y una multa de mil a dos mil quinientas Unidades de Medida y Actualización. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta una tercera parte, cuando quien cometa el delito sea servidor público cuya obligación sea proteger el medio ambiente y que, teniendo conocimiento de este ilícito, omita realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al responsable.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que a la de Gobernación y Puntos Constitucionales se envió la iniciativa con proyecto de ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña.
Sostuvo que al contar el Estado de Sonora con una nueva Ley de Educación, que es acorde a lo que establece la Constitución Federal, ahora deben considerarse los escenarios que todavía no están protegidos en la Constitución local, para lo cual propuso elevar a rango constitucional lo siguiente: garantizar el derecho a la educación desde la inicial hasta el nivel superior; garantizar que la educación que imparta el Estado, además de gratuita, sea universal, inclusiva, pública y laica.
Que se elimine la restricción de edad en la obligatoriedad de la educación primaria para adultos analfabetos y garantizar que la educación para adultos comprenda por lo menos desde la primaria hasta la media superior; garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones idóneas para la educación, como obligación del Estado, entre otros aspectos.
La Comisión de Comunicación y Enlace Social estudiará una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, para que el Congreso del Estado resuelva permitir expresar a la sociedad sonorense su sentir en las plataformas o redes sociales digitales, sobre el trabajo legislativo que se desarrolla, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Expuso que en estos momentos se complica realizar reuniones, foros o debates públicos por la propagación del COVID-19, por lo que es de suma importancia saber qué es lo que los representados piensan y quieren.
“El ejercicio pleno de la libertad de expresión es esencial para cualquier sociedad democrática, pues permite fomentar la libre circulación de ideas y que las personas defiendan todos sus derechos como seres humanos”, aseveró el legislador.
En el siguiente punto del orden del día, el diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a efecto de que los cónyuges y/o concubinos puedan tener acceso a los servicios que recibe la mujer trabajadora.
Agregó que el Artículo 23 de la Ley del ISSSTESON dispone que también tendrán derecho a los servicios como asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, los familiares del trabajador y del pensionista, pero solo contempla a la cónyuge y/o la concubina del trabajador, lo que incurre en una clara discriminación por género. Se turnó a la Comisión de Salud.
En esta ordinaria presentaron posicionamientos los diputados Norberto Ortega Torres y Carlos Navarrete Aguirre, el primero para hacer un llamado al Gobierno del Estado, con el objeto de que libere los tres millones de pesos aprobados por el Congreso del Estado para apoyos a proyectos apícolas.
A dos meses de que cierre el año fiscal 2020 todavía no se tiene una respuesta favorable por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, SAGARHPA, dependencia a través de la cual debe ejecutarse dicho recurso a favor de los apicultores de Sonora, indicó.
Y con motivo del Día Internacional del Agua, el diputado Carlos Navarrete Aguirre afirmó que esta jornada está dedicada a tomar conciencia y cuidar el vital líquido de una forma limpia y libre de contaminación.
“A todos los ciudadanos sonorenses los convocamos a cerrar la llave del agua cuando se enjabonen las manos; enjuagar los platos todos juntos y con la llave abierta a la mitad; usar la ducha en vez de la tina; reparar las tuberías cuando estén goteando. Seamos más conscientes de la importancia de este preciado elemento de la naturaleza y aportemos nuestra gotita de agua al mundo”, expresó el Presidente del Congreso del Estado.
La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 8 de octubre, a las 12:00 horas y será virtual, en cumplimiento al Acuerdo que la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, aprobó este día.
