Las protestas sociales registradas en distintos puntos del país en el marco del Mundial de Futbol han reavivado el debate sobre los alcances del derecho a la libre expresión y a la manifestación, señaló la especialista en derechos humanos Jeanette Arrizón durante una entrevista con la periodista Soledad Durazo.
La especialista explicó que las movilizaciones de docentes, madres buscadoras, agricultores y otros grupos sociales forman parte de derechos reconocidos por la Constitución Mexicana, los cuales garantizan tanto la libertad de expresión como la posibilidad de reunirse para realizar peticiones o expresar inconformidades ante las autoridades.
Arrizón destacó que, aunque las manifestaciones pueden generar afectaciones en la movilidad, la actividad económica o la organización de eventos masivos, el Estado debe actuar con proporcionalidad al momento de intervenir, privilegiando el respeto a los derechos humanos de quienes participan en ellas.
Indicó que la legislación mexicana no cuenta con una ley específica para regular las protestas, por lo que los límites se encuentran establecidos directamente en la Constitución, la cual señala que las movilizaciones deben desarrollarse de manera pacífica y sin poner en riesgo la integridad de terceros.
La especialista explicó que el uso de la fuerza por parte de las autoridades únicamente puede justificarse cuando existan actos de violencia o situaciones que representen un peligro real para las personas, mientras que las medidas preventivas, como cercos de seguridad o vallas de contención, pueden utilizarse para proteger eventos de interés público sin restringir indebidamente el derecho a la protesta.
Asimismo, consideró que la coyuntura actual representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de preservar los espacios de participación ciudadana en una sociedad democrática, independientemente de que las demandas planteadas coincidan o no con la opinión de la mayoría.
Finalmente, Jeanette Arrizón expresó su deseo de que las actividades relacionadas con el Mundial se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, donde puedan coexistir tanto el disfrute de los eventos deportivos como el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestar sus inquietudes y exigencias.
