El abogado penalista Odracir Espinoza advirtió que la iniciativa para tipificar el delito de acecho en Sonora podría representar riesgos para la libertad de expresión, el periodismo y la manifestación social si no se establecen excepciones claras dentro de la redacción de la ley.
Durante una entrevista con la periodista Soledad Durazo, el especialista explicó que la propuesta busca sancionar conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, hostigamiento o contacto no deseado que generen temor o alteren significativamente la vida cotidiana de una persona.
El artículo 241 Bis 4 contempla penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas económicas, para quienes incurran en estas conductas de manera reiterada y sin consentimiento de la víctima.
Sin embargo, Espinoza señaló que la iniciativa podría prestarse a interpretaciones peligrosas si no se delimitan correctamente los casos en los que aplica la figura penal.
“El problema es cuando no se ve todo el escenario. Un periodista que insiste en cuestionar a un servidor público, un manifestante que sigue exigiendo justicia o una víctima que constantemente busca ser escuchada, podrían entrar en interpretaciones ambiguas de la ley”, explicó.
El abogado consideró que sí existen casos donde el Estado debe intervenir para proteger a personas que realmente viven situaciones de intimidación o persecución; no obstante, insistió en que deben incluirse “causales de excepción” para evitar abusos en la aplicación del delito.
Entre los sectores que, dijo, deberían quedar claramente protegidos mencionó al periodismo, las investigaciones, las manifestaciones sociales y las exigencias de colectivos o víctimas.
Espinoza recordó que las figuras públicas y servidores públicos están expuestos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano, por lo que consideró delicado que la ley no contemple límites específicos para proteger la libertad de expresión y la crítica pública.
“Es muy peligroso dejar todo a interpretación de una fiscalía o de un juez. La redacción debe ser muy precisa para evitar que este tipo penal pueda utilizarse de manera indebida”, puntualizó.
Finalmente, el especialista reconoció que existen situaciones personales o privadas donde sí resulta importante legislar para proteger a las víctimas de acoso o hostigamiento persistente, aunque reiteró que el reto principal será evitar que la ley termine afectando derechos fundamentales.
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