La puerta se abre, cambia el nombre en la placa, pero no la estructura. Durante más de tres décadas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora ha tenido rostro masculino y, en demasiados momentos, voz subordinada.
No sólo ha faltado independencia, también diversidad en quien encarna la defensa de los derechos. Esto importa porque las instituciones no son entidades abstractas, tienen cuerpo, trayectoria, decisiones y también sesgos.
En 34 años de existencia, la CEDH ha tenido seis directores, algunos con un perfil notable y que desempeñaron un papel decoroso; otros que ni cumplían los requisitos ni estuvieron a la altura del encargo.
En dos cosas coinciden: todos han sido hombres y designados por la gubernatura en turno, ya sea de manera directa o a través de procesos de designación simulados en legislaturas bajo su control. El resultado es predecible, en los momentos de crisis, cada uno actuó más como línea de transmisión del Ejecutivo que como titular de un organismo autónomo.
Tal es el caso de Jorge Sáenz Félix, impuesto por Eduardo Bours, cuya actuación fue reprobada por padres y madres de víctimas de la guardería ABC. O el de Raúl Ramírez Ramírez, durante el sexenio de Guillermo Padrés, con una respuesta institucional cuestionable ante el homicidio de María Jesús Llamas en los separos de Guaymas y la tortura de Gisela Peraza, empleada doméstica del exgobernador panista. El actual, Luis Fernando Rentería Barragán, sale del cargo con denuncias documentadas de hostigamiento laboral (principalmente de trabajadoras) que el Congreso del Estado ignoró.
El problema va más allá de los nombres, es la captura institucional.
Esta semana el Legislativo elegirá el relevo para la presidencia de la CEDH mediante una convocatoria exprés que contempla tan sólo diez días para evaluar trayectorias, escuchar voces, ponderar capacidades. Lo que refleja la importancia que le dan a una posición tan relevante.
Retomar el espíritu de la CEDH
Los derechos humanos están reconocidos en el artículo primero constitucional que, en su párrafo tercero, establece con claridad la obligación de todas las autoridades de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Harían bien las y los diputados en repasar ese artículo; que les sirva de sustento en la decisión que están por tomar.
Es necesario liberar a la CEDH de la jaula burocrática y el control político del partido dominante en turno, para que retome el espíritu de su creación, que es la protección de los derechos de las personas ante los abusos del poder. Ni más ni menos.
Eso implica elegir una persona que cumpla con los requisitos de ley, que tenga el conocimiento técnico-jurídico, pero también que haya participado en actividades de promoción y defensa de los derechos humanos. Sin esta parte, cualquier perfil está incompleto.
¿Puede una institución que nunca ha sido encabezada por una mujer, una persona fuera de la heteronormatividad o proveniente de un pueblo originario, comprender plenamente las violencias diferenciadas que atraviesan la vida pública y privada? ¿Puede representar sin fisuras a quienes históricamente se ha invisibilizado?
No se trata de seguir una moda política, sino de corregir una omisión estructural de la CEDH de Sonora con el 51% de la población. Una titularidad femenina y con perspectiva de género es una condición funcional para atender esa agenda pendiente.
Que lean el contexto. Aunque la paridad formal no contemple a este tipo de organismos, el historial de la propia CEDH y el momento político que vive el país hacen de la alternancia de género algo más que una demanda simbólica. Nombrar a una mujer es reconocer que la defensa de los derechos humanos también pasa por quién los interpreta, quién los prioriza y desde qué experiencia se ejerce el poder.
La actuación de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional no es, desde luego, el mejor referente para esta demanda. Precisamente, su caso ilustra exactamente lo que no debe repetirse, es decir, una designación que privilegió la lealtad política sobre la idoneidad.
No se trata de mujer por mujer; el Congreso tiene la responsabilidad de elegir una persona que reúna preparación, experiencia, compromiso e imparcialidad. Esos atributos y la perspectiva de género no son excluyentes; se complementan, y están presentes entre las candidaturas registradas.
Es tiempo de que Sonora tenga una Ombudswoman, de romper una inercia de simulación y devolverle a la Comisión su razón de ser, poniendo a las personas al centro de la defensa de los derechos humanos.
Porque sí, es tiempo de mujeres. Pero, sobre todo, es tiempo de instituciones que dejen de parecerse al poder que deben vigilar.
