Hace tiempo que la información oficial sobre menores de edad vinculados al crimen organizado en Sonora dejó de parecerme clara. No por escasez de datos, sino por la facilidad con la que cambian. Nunca ha sido una narrativa firme; se ha hablado con un discurso que se corrige constantemente según el momento.
El año pasado, la delegación de la Fiscalía General de la República habló públicamente de 344 menores relacionados con actividades criminales en la entidad. La cifra era brutal y encendía todas las alertas posibles. Días después, ese número fue “corregido”, no mediante un informe oficial, sino vía mensajes de WhatsApp que se eliminaba a las 24 horas, para aclarar que en realidad no eran 344, sino 37.
Esta maroma se la volvieron a aventar hace una semana, porque hablan de una reducción de reclutamiento de menores para grupos criminales, pasando de 37 (los del año pasado) a 61; ahí es donde los datos nuevamente dejan de cuadrar.
Porque si hace un año eran 37… ¿en qué momento 61 se convirtió en una reducción?
Y es que no estamos hablando de una interpretación política. ¡Es una pregunta matemática!
El problema no es solo el número, sino cómo se comunica. Cuando una autoridad afirma que un fenómeno disminuye, lo que también está diciendo es que el problema comienza a contenerse, que las políticas están dando resultado y que la urgencia institucional baja de intensidad. Los problemas que “van a la baja” dejan de presionar presupuestos, agendas y operativos. prácticamente se administra.
Diferentes versiones… ¿a quién creerle?
Y ahí es donde la conversación oficial se queda corta. Porque medir el reclutamiento solo por menores detenidos es medir el final del proceso, no el inicio. El inicio suele estar en las fichas de búsqueda, en los reportes de desaparición, en los adolescentes que “se fueron por voluntad propia” o que fueron enganchados por redes sociales. Es decir, en registros que no se clasifican como crimen organizado, pero que terminan alimentándolo.
Datos de la Fundación Nueva Generación Sonora muestran un crecimiento exponencial en los reportes de menores vinculados a contextos de violencia y desaparición.
Entre 2018 y 2023 los registros anuales se mantenían en rangos de entre 10 y 61 casos. Sin embargo, a partir de 2024 se dio un quiebre abrupto: de 27 casos en 2023 se pasó a 330 en 2024, un aumento del 1,122%. Para 2025 la cifra subió a 440 casos, otro incremento del 33%.
¡El salto acumulado entre 2023 y 2025 es de 1,530%.!
Y es ahí donde la discusión deja de ser solo de seguridad para convertirse en una discusión de protección de infancias.
Porque mientras el discurso institucional habla de disminuciones, los registros territoriales hablan de crecimientos de cuatro cifras porcentuales.
Hoy es el Día Mundial de las Manos Rojas, una fecha que no es simbólica por casualidad. Es un día para visibilizar y rechazar el uso de niñas, niños y adolescentes dentro de conflictos armados y estructuras criminales en el mundo.
Pero también debería ser un día para incomodar.
Para recordar que estos temas tendrían que estarse hablando todos los días hasta que se resuelvan, no solo cuando marca el calendario. Que no se trata de conmemorar mientras, en paralelo, se minimiza el problema con cifras confusas, narrativas optimistas o correcciones a medias desde las propias autoridades.
Porque la responsabilidad no es de quienes investigamos, preguntamos o exhibimos contradicciones. No tendríamos que ser nosotros quienes expliquemos cómo dimensionar el problema. No tendríamos que estar persiguiendo datos que el Estado ya debería tener claros. Mucho menos tolerar que se intente engañar o maquillar una realidad que es demasiado grave para maquillarse.
Al final, las infancias no son una estadística ni una narrativa política; es una responsabilidad compartida; tuyas, mías y nuestras.
Y lo que hoy están viviendo no es otra cosa que el reflejo del futuro que estamos construyendo como sociedad.
