Será melón, será sandía, pero don Emilio Ricardo Lozoya Austin no
ha violado ningún mandamiento judicial y su libertad está
condicionada a que debe portar un brazalete electrónico para
conocer el sitio en que se desplaza. Está muy claro que puede salir
de su domicilio, No abandonar la Ciudad de México. Tampoco
pretender emprender viaje al extranjero. Han hecho un escándalo
porque fue sorprendido cenando en un restaurante de lujo. Lo
fotografiaron y “todo mundo se indignó”, incluyendo al Señor
Presidente de la República.
Ninguno de los jueces que conocen de los procesos contra el nieto
del general y doctor Jesús Lozoya Solís, exgobernador de
Chihuahua, acordó que se decretara arraigo domiciliario y ello le
permite salir del hogar. Tiene obligación de firmar los días 1 y 15 de
cada mes el libro en la Unidad de Medidas Cautelares, en el
Reclusorio Norte. Se supo que al principio lo hizo electrónicamente,
vía Internet; después lo ha hecho vía telefónica comunicándose con
los titulares de los juzgados. Una distinción nunca antes otorgada.
Emilio Lozoya Austin, un economista chihuahuense de 46 años,
después de varios meses de gozar de su libertad en Europa, fue
detenido en Málaga, España, en febrero de 2020. Su extradición a
México, se cumplió en julio del mismo año. Inmediatamente
después de salir del avión que lo trajo a la Capital del País, se le
trasladó al Hospital Ángeles del Pedregal, porque en la misma pista
aérea, se determinó que padecía anemia y problemas en el
esófago. Los médicos extendieron los certificados
correspondientes. Se simuló llevarlo al Reclusorio Norte. Otro
“prietito” que tuvo aprobación presidencial, porque la hoja del
árbol no se mueve si no sopla el viento de Palacio Nacional.
Ahí comenzaron las facilidades para el presunto responsable de
varios delitos federales. Se le señaló como un corrupto director
general de PEMEX, por probables delitos cometidos desde que era
parte de la campaña electoral del PRIista Enrique Peña Nieto. Se
informó que en el referido hospital se realizaron las primeras
diligencias. Al recibir el alta médica, Lozoya Austin fue llevado a su
domicilio. Una más para el goce de impunidad.
UN BOTÓN MUESTRA DE IMPUNIDAD
Nadie en este país está, ni ha estado, ni estará, en contra de una
verdadera batalla para aligerar la corrupción imperante en el medio
oficial y en el sector privado. Desde hace tres décadas soportamos
a los corruptos como “el innombrable” y “el hermano incómodo”.
En este siglo los gobiernos cayeron en el mismo hoyo,
especialmente en los seis años del mexiquense que pasea
sonriente, por el mundo, en compañía de su novia.
Desde su tercera campaña como candidato del PRD primero y
después de Morena, el actual Presidente de México tuvo como
bandera principal, el combate a la corrupción “de arriba para
abajo” y, paralelamente, acabar con la impunidad. Por ello y
además por su carisma, su poder de convencimiento y decisión
firme que mostraba, el tabasqueño arrolló en las urnas electorales.
Cierto que se asestaron varios y rudos golpes. Llegaron a prisión
personajes de la iniciativa privada, de la abogacía y una
exfuncionaria que “tenía cuentas políticas, pendientes”, con el
hombre de Palacio Nacional y con un matrimonio de políticos que
ha seguido y servido al tabasqueño.
Bien, Lozoya Austin después de los interrogatorios judiciales, en su
cama de enfermo, no fue objeto de “prisión preventiva, por sus
condiciones de salud”. Obvio que el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero, no objetó esa determinación; por
supuesto no lo hizo, pero sus representantes (Ministerio Público)
cerraron el piquito y lo mantienen así.
Durante mis 65 años de reportero diarista y columnista, es la
primera vez que sé de tanta atención para un presunto responsable
de graves delitos en agravio de la Nación.
Gertz Manero en una conferencia que dio en el Colegio México, el
12 de agosto de 2020, manifestó que Lozoya Austin recibe un trato
preferencial “debido a que está aportando información a la
Fiscalía General de la República para proceder contra otros
funcionarios involucrados en actos de corrupción”. La pregunta
popular es, ¿por qué no se mide con la misma vara a otros
procesados?
Los mal pensados aseguran que el exdirector general de PEMEX
cuenta con un “ángel guardián” que pudiera estar ligado al grupo
político que pretendió tener el poder presidencial por 24 años, a
partir de 1988, pero se frustró por la ambición personal de quien
era la cabeza y por los asesinatos políticos de marzo y de
septiembre de 1994. A ese grupo pertenecía don Emilio Lozoya
Thalman, padre del presunto corrupto.
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