La regulación del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, plantea retos para docentes y planteles, particularmente en cuanto a la forma en que se aplicarán las nuevas disposiciones.
La especialista en Derechos Humanos, Jeanette Arrizón, consideró necesario establecer límites al uso de la tecnología dentro de las aulas, pero advirtió que la medida podría resultar insuficiente si no se definen con claridad los mecanismos para hacerla cumplir.
Explicó que, en educación básica, los estudiantes podrán llevar sus celulares en la mochila, pero deberán mantenerlos apagados y no utilizarlos durante la jornada escolar, lo que representa un reto para docentes y alumnos.
Entre las dudas que planteó está qué ocurrirá si las escuelas optan por concentrar los teléfonos en un espacio común y alguno se extravía, así como qué facultades tendrá el docente ante un estudiante que se niegue a respetar la disposición.
Arrizón también cuestionó que la regulación contemple de manera similar a celulares, tabletas y computadoras, pese a que cada dispositivo puede tener distintos usos educativos.
La especialista sostuvo que limitar el uso del celular puede contribuir a reducir distractores en el aula, pero consideró que la medida debe acompañarse de otras acciones relacionadas con educación, salud mental y formación digital.
“Esta medida es importante, pero se requiere mucho más de replantearnos cómo está la educación en México porque no toda la culpa la tiene la tecnología”, señaló.
También llamó a considerar las desigualdades entre planteles y estudiantes, pues las condiciones de infraestructura y acceso tecnológico no son las mismas en todas las escuelas.
Para Arrizón, el reto no consiste únicamente en prohibir los dispositivos, sino en establecer reglas claras que permitan aprovechar la tecnología con fines educativos sin dejar la responsabilidad exclusivamente en manos de los profesores.
