La especialista en derechos humanos, Jeanette Arrizón, consideró que es momento de replantear la forma en que se aplica la legislación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, al señalar que las sanciones no se están aplicando de manera equitativa y, en muchos casos, terminan afectando más a ciudadanos que a servidores públicos.
Durante una entrevista en Radio Fórmula Sonora, Arrizón tomó como referencia la reciente resolución contra el senador Gerardo Fernández Noroña por expresiones dirigidas a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Grecia Quiroz, para explicar que la violencia política comprende acciones u omisiones que buscan intimidar, desacreditar o limitar la participación de las mujeres en la vida pública.
La especialista señaló que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas, cerca del 40 por ciento de quienes han sido castigados por este tipo de violencia son ciudadanos, mientras que otro 10 por ciento corresponde a periodistas, situación que, dijo, refleja una aplicación desigual de la norma.
Como ejemplo mencionó el caso de la sonorense Carla Estrella, quien recibió una multa, cursos obligatorios, una disculpa pública durante 30 días y su inscripción por un año en el registro de personas sancionadas, mientras que, señaló, la sanción impuesta a Fernández Noroña fue menor en comparación.
Arrizón también reveló que mantiene desde hace tres años una denuncia por presunta violencia política en razón de género sin que exista una resolución, lo que, afirmó, evidencia la lentitud del acceso a la justicia incluso para quienes impulsaron la creación de este marco legal.
Finalmente, hizo un llamado a combatir cualquier forma de violencia, tanto contra mujeres como contra hombres, y pidió a la ciudadanía no permanecer indiferente ante este tipo de problemáticas, al considerar que la ley debe aplicarse con el mismo criterio para todas las personas.
