La ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, advirtió que el registro obligatorio de líneas telefónicas difícilmente cumplirá con el objetivo de reducir la extorsión en México y, en cambio, podría incrementar los riesgos para la privacidad y protección de datos de millones de ciudadanos.
Durante una entrevista con la periodista Soledad Durazo, la especialista señaló que, a un mes de que concluya el plazo establecido para el registro, el avance apenas alcanza una fracción del universo total de usuarios, mientras persiste la incertidumbre sobre la seguridad de la información que será recabada.
Del Río cuestionó además las campañas de difusión que aseguran que quienes no registren su línea perderán acceso a servicios bancarios, plataformas digitales o trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al considerar que dichos mensajes son alarmistas y no corresponden a los alcances reales de la medida.
La ex comisionada sostuvo que el país atraviesa un momento delicado en materia de protección de datos personales, pues las vulneraciones a bases de datos y el aumento de llamadas no deseadas, intentos de fraude y extorsiones reflejan que la información de los ciudadanos ya enfrenta riesgos importantes.
“Las extorsiones ya existían y no pueden desaparecer únicamente mediante un trámite administrativo”, afirmó.
También manifestó preocupación por la recopilación de datos biométricos asociados al registro, como imágenes faciales utilizadas para validar la identidad de los usuarios, al considerar que se trata de información altamente sensible que requiere mecanismos robustos de protección y transparencia.
Julieta del Río señaló que muchas personas han optado por esperar antes de realizar el registro, debido a que aún existen dudas sobre quién será responsable del resguardo de la información y cuáles serán las medidas de seguridad implementadas para evitar filtraciones o accesos indebidos.
Asimismo, recordó que recientemente se han reportado vulneraciones en distintas bases de datos gubernamentales, lo que, dijo, alimenta la preocupación ciudadana respecto al manejo de información personal.
La especialista sostuvo que el combate a la extorsión es una demanda legítima de la sociedad, pero consideró que las autoridades deben demostrar que las medidas implementadas son efectivas y no terminan generando una concentración masiva de datos personales sin resultados claros en materia de seguridad.
Finalmente, planteó que el registro de líneas telefónicas podría derivar en la construcción de una gran base de datos nacional, por lo que llamó a analizar cuidadosamente sus alcances y exigir garantías de protección para los ciudadanos antes de avanzar con su implementación total.
