Un proyecto de ley que crea el fondo de previsión social de los elementos de Policía del Estado de Sonora y un proyecto de decreto para agravar en el Código Penal el delito de homicidio en contra de elementos de la Policía, fueron presentados durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente.
La primera iniciativa, que el presidente de la mesa directiva, diputado Francisco Javier Duarte Flores, turnó a las comisiones de Asuntos del Trabajo y de Seguridad Pública, en forma unida, fue presentada por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, quien sostuvo que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno están obligadas a instrumentar sistemas complementarios de seguridad social, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, corporaciones policiales y servicios periciales.
“Lo anterior debe ser para cubrir riesgos y enfermedades profesionales, formar fondos y haberes de retiro, para primas de antigüedad, fondos que cubran gastos médicos, gastos de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para ellos y sus hijos e hijas, servicio de guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga”, expresó.
El diputado agregó que con esta propuesta se busca que a través del fondo de previsión social exclusivo para los elementos de las diversas corporaciones policiales del Estado y de los municipios, se otorgue la protección necesaria para ellos y sus familias, y se combatan las privaciones económicas y sociales que les ocasionan un duro golpe en su economía, pues actualmente muchos de ellos no pueden solventar los gastos elementales, como son la maternidad, enfermedad, accidentes laborales, invalidez, vejez o incluso la muerte.
El proyecto de ley establece el otorgamiento de préstamos a corto y mediano plazo, en vista de que la previsión social ha tenido un avance importante durante los últimos años, dijo, ya que busca prever las contingencias a futuro, pues los policías en México tienen bajos sueldos, escasa capacitación, están mal equipados, trabajan en condiciones de peligro extremo y con jornadas extenuantes.
La segunda iniciativa presentada durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente correspondió a la diputada María Magdalena Uribe Peña, quien propuso adiciones a diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, como una acción legislativa para subir un escalón en la dignificación de los integrantes de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, señaló.
Expuso que solo trece entidades federativas no cuentan con la calificativa de homicidio tratándose de miembros de instituciones policiales, por lo que su propuesta busca abarcar no solo este delito, sino también aquellas lesiones que sean cometidas en contra de servidores públicos que desempeñen funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de administración, procuración e impartición de justicia.
“En Sonora, del primero de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2020 fueron asesinados 55 elementos, y en lo que va de 2021 se habían registrado cinco policías abatidos. Los datos, aparentemente representan sólo números o una casilla de estadística, pero hablamos de personas que tenían familias, que dieron su vida por la ciudadanía en el cumplimiento de su deber, dejando hijos, hermanos, primos, entre muchos otros familiares y amigos”, externó.
La diputada indicó es necesario que hoy pongan especial énfasis en esos elementos que perdieron la vida en el desempeño de sus labores, entre los que mencionó el ataque armado que sufrieron cinco elementos de la Policía Municipal de Guaymas, en octubre de 2018, y otro ocurrido en el crucero de López Portillo y Bulevar Morelos, en contra de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo.
En el proyecto de decreto se propone que tanto en el delito de lesiones como en el de homicidio, cuando sea cometido en contra de servidores públicos con motivo de sus funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de administración, procuración o impartición de justicia, aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte.
En esta sesión ordinaria, los integrantes de la mesa directiva aprobaron un punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve exhortar a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones tendientes a resarcir los daños ecológico-ambientales, a la salud y a la economía, provocados por Grupo México el 6 de agosto de 2014, con el derrame de residuos tóxicos, afirmó el diputado Carlos Navarrete Aguirre.
La iniciativa contiene tres puntos: exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRISON, para que realicen estudios médicos y se haga una evaluación real de los daños provocados a la salud de las y los habitantes de los municipios pertenecientes a la región del Río Sonora.
En el segundo punto se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA; de la Comisión Estatal del Agua, CEA; y de la COESPRISON, para que analicen, de manera urgente, los mantos acuíferos de la región del Río Sonora, para saber si existen afectaciones en los mismos que pudieran provocar daños a la ciudadanía, en caso de que consuman el agua.
En un tercer punto se dirige exhorto a los titulares de las secretarías de Economía de los gobiernos federal y estatal, para que, de manera conjunta, realicen análisis y estudios de impacto económico derivados del derrame de residuos tóxicos en el Río Sonora, así como acciones para mejorar la economía y calidad de vida de las y los afectados en forma directa por dicho derrame.
Con oportunidad se informará a través de la Gaceta Parlamentaria, el día y la hora de una próxima sesión ordinaria de la Diputación Permanente.
