Hace tres años, en junio del 2018 el gobierno del estado de Sonora requisó el transporte público y se quedó con la operación de más de 200 camiones que tenían entonces las empresas Sictuhsa y Red.
El argumento utilizado para justificar la acción, fue el mal servicio para el usuario y el incumplimiento de esas empresas que según fue señalado en su momento, acumularon adeudos por más de 120 millones de pesos al IMSS e Infonavit, además de que a pesar de los 640 millones de pesos que le otorgó el Estado en subsidios, nunca mejoró la calidad en el servicio.
Luego de la convocatoria respectiva se otorgó la concesión por diez años para operar el transporte público en la capital del estado a las empresas Movilidad integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo.
A punto de cerrar la actual administración el transporte sigue en conflicto y el servicio no termina por acercarse a lo óptimo.
Entre el dirigente de la CTM Javier Villarreal y el representante de los concesionarios, Jesús Padilla Zenteno se han dado una serie de intercambios verbales y acusaciones mutuas.
Villarreal del lado de los sindicalizados que reclaman a la empresa que acate los términos del Contrato Colectivo y piden aumento de salario y prestaciones, pago de horas extras, del séptimo día, bonos, uniformes, vacaciones, Seguro Social e Infonavit, entre otras… es decir, los mismos alegatos que dieron pie a la requisa ahora son padecidos ante las empresas concesionarias.
Padilla Zenteno, por su lado, señala que la empresa está resarciendo las deficiencias y acusa que los trabajadores que se manifiestan inconformes no pertenecen al sistema de transporte, son cachirules plantados ahí por Villarreal Gámez con quien sabe que intenciones; mientras tanto algunas de las unidades que circulan en Hermosillo traen leyendas en contra del movimiento cetemista.
Pero las declaraciones de Javier Villarreal escalan y señala posible contubernio entre el gobierno del estado que “paga puntualmente a los concesionarios y además un volumen cuatro veces mayor al que pagaba antes de la requisa”; y todavía más, el dirigente cetemista revela que no falta mucho para que las anteriores empresas que operaban el transporte, regresen por sus fueros toda vez que han ganado un alegato jurídico al gobierno del estado con base en el cual volverían a operar y por lo pronto obliga a éste a seguirles pagando.
Lo curioso – o quizá no tanto- es cómo nadie contesta desde el gobierno del estado a los señalamientos de su otrora aliado Javier Villarreal. Lo que puede significar que no hay argumentos o no quieren hacer crecer el tema total, tres meses pasan rápido, y hay que patear el bote…
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