El Congreso del Estado resolvió emitir exhortos a autoridades federales, estatales y locales, con el objeto de dar solución a diversas situaciones en beneficio de los ciudadanos sonorenses, en materia de comunicaciones y transportes, pago del Impuesto Predial, acciones de salud mental en la entidad y el regreso a clases presencial.
Como primer punto del orden del día, la presidenta de la mesa directiva, Alejandra López Noriega, tomó la protesta al cargo de diputados locales de esta Sexagésima Segunda Legislatura, a los ciudadanos José Salvador Urzúa Solís, Hiram Lomelí Duarte y María Teresa Peralta Quijano.
En esta sesión ordinaria, la asamblea también aprobó dos dictámenes con proyectos de Decreto, el primero autoriza al Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Sonora, a contratar un financiamiento por un monto de diez millones de pesos, cuya finalidad será la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, según dictaminó la Segunda Comisión de Hacienda.
El segundo Decreto, presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 191, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del referido Ayuntamiento.
En lo relativo a los acuerdos con exhortos, el primero está dirigido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, inspeccione y vigile que los vehículos que transitan en el Estado de Sonora por rúas federales, cumplan con las especificaciones de dimensiones y peso dispuestas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
El diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó la propuesta en la que solicitó se sancione a quienes no cuenten con los permisos necesarios e incumplan con la normatividad aplicable, por considerar que en el tramo carretero de Ímuris a Cananea, de la carretera MEX-002 Ímuris-Agua Prieta, no existe centro fijo de verificación ni tampoco ha visualizado a servidores públicos que verifiquen que se cumpla con la normatividad aplicable.
Agregó que todos los días transitan vehículos con exceso de dimensiones y de peso, los cuales ocasionan que el resto de vehículos que transitan tengan que detener su marcha y esto a veces ha provocado accidentes, además del daño en las carreteras por el exceso de peso de las unidades, daño que no se repara, a pesar de que en su mayoría son transportes de empresas mineras establecidas en el municipio de Cananea, Sonora.
Enseguida correspondió al diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz darle lectura a su iniciativa con punto de Acuerdo, a efecto de exhortar al Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Sonora, para que con apego a la normatividad reconsidere los montos determinados para el pago del Impuesto Predial, en los casos en los que la diferencia de pago entre el ejercicio fiscal 2020 y 2021 rebase los índices inflacionarios y demás indicadores de aumento en el cobro de las contribuciones municipales.
Como ejemplo mencionó que de 2020 a 2021, el monto a pagar por concepto de Impuesto Predial por un predio en dicho Municipio pasó de 4 mil 910 pesos a 234 mil 623 pesos, un aumento de 229 mil 713 pesos, lo que calificó como una desproporcionada intención recaudatoria, misma situación en la que se encuentran, para efectos de la generalidad del impuesto, todos los contribuyentes que comparten esas características de predio o terreno, dijo.
“Lo anterior causa perjuicio a los contribuyentes toda vez que la erogación resulta con una diferencia abismal entre los montos pagados en el ejercicio fiscal pasado y lo que se pretende cobrar en el actual de 2021”, expresó el diputado Alcalá Alcaraz.
En el siguiente punto del orden del día, el diputado Luis Mario Rivera Aguilar propuso exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que justifique el estado inoperante del Instituto Estatal de Salud Mental y Adicciones, previsto en la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, y al Secretario de Salud Pública en la entidad, para que rinda un informe a esta Soberanía sobre las acciones, políticas públicas y programas que tienen por objetivo la reducción de la reincidencia y prevalencia de trastornos mentales en niños y adultos.
Expuso que a pesar del reconocimiento expreso del derecho a la salud mental de los mexicanos y de la existencia de grupos vulnerables que manifiestan predisposición al desarrollo de trastornos mentales, no se han establecido políticas públicas para asegurar los derechos de estos grupos.
“El Instituto Estatal de Salud Mental, creado desde 2013, tiene por objetivo el diseño, implementación y evaluación de la política de salud mental en el Estado. No existe duda científica de la relevancia de las políticas de salud en esta materia, aun así, hasta la fecha, el instituto no ha sido puesto en marcha, por lo que no existen acciones coordinadas que atiendan la Red Estatal de Salud Mental”, aseveró.
El cuarto Acuerdo con exhorto aprobado está dirigido a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Consejo de Salubridad General, para que en la estrategia nacional de vacunación contra el COVID-19, se contemple una atención especializada a las necesidades y requerimientos del segmento poblacional de adultos mayores, en cuanto a instalaciones, cantidad de personal responsable de aplicación de las vacunas y reducción de tiempo de espera.
Y adicionalmente, para efectos de que se otorgue prioridad en tiempo a la vacunación de todos los docentes del Estado de Sonora, con el objeto de establecer condiciones para un regreso a clases presenciales en el menor tiempo posible, propuso la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.
Sostuvo que el personal docente del sector público debe ser considerado como un grupo prioritario para la vacunación contra el COVID-19, al igual que lo son los trabajadores de la salud, ya que de otra manera será prácticamente imposible que las autoridades educativas puedan garantizar las condiciones sanitarias necesarias para el regreso a las actividades escolares.
“La UNICEF pide que se dé prioridad a los maestros en la vacunación contra la COVID-19, una vez que se haya vacunado al personal de salud de primera línea y a las poblaciones de alto riesgo, afirmando que esto contribuirá a proteger a los maestros contra el virus, les permitirá enseñar en persona y, en última instancia, servirá para mantener las escuelas abiertas”, externó la legisladora.
Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 18 de marzo, a las 12:00 horas, misma que se desarrollará de manera virtual, la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó un posicionamiento denominado: “marzo, mes de las mujeres y niñas”.
Indicó que es importante seguir trabajando para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y niñas sonorenses, sobre todo las que viven en comunidades indígenas, jornaleras y migrantes, ya que diariamente enfrentan muchas dificultades.
