Para garantizar los derechos humanos de las personas que son sancionadas en los separos preventivos de las autoridades administrativas municipales, el Pleno del Congreso del Estado aprobó que se impongan medidas mínimas a los ayuntamientos, quienes estarán obligados a emitir un reglamento en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los detenidos, arrestados y personas que acudan a ese tipo de instalaciones.
Mediante Decreto que reforma el Artículo 210 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los gobiernos municipales también estarán obligados a regular la administración y funcionamiento de los separos, así como a establecer de manera precisa las facultades y restricciones de los servidores públicos adscritos a esas instalaciones.
Esta sesión ordinaria se desarrolló de manera virtual, en base al Acuerdo aprobado el pasado 7 de septiembre por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, que establece que las sesiones ordinarias de los días 10, 17 y 24 de septiembre se desarrollarían bajo esta modalidad, dejando las sesiones presenciales para los días martes.
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, en forma unida, presentaron el dictamen que resultó del estudio a la iniciativa que la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza presentó ante esta Soberanía el 24 de octubre de 2019, en la cual planteó la importancia de que en las celdas municipales se garantice el respeto a las personas que ahí se encuentren.
También para que se eviten acontecimientos lamentables, que han llegado incluso a privar de la vida a personas ajenas a algún hecho delictivo y cuyo más grande error fue cometer una falta administrativa, expuso, como los ocurridos en 2018 en los municipios de Navojoa, General Plutarco Elías Calles, Hermosillo y Caborca, Sonora.
El reglamento deberá ser dado a conocer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para recabar su opinión antes de ser publicado, y se realizará en estricta observancia del respeto a los derechos humanos con perspectiva de género, además deberá contener los derechos y obligaciones de los detenidos, arrestados y personas que acudan a los separos preventivos; y la regulación de la administración y funcionamiento por parte de las direcciones de seguridad pública correspondientes.
Deberán establecer de manera precisa las facultades y restricciones de los servidores públicos adscritos a los separos preventivos, cuyas instalaciones deberán contar como mínimo con una ventilación adecuada, cámaras de video vigilancia, monitoreo constante, un debido registro de ingresos y salidas, asistencia médica, alimentación oportuna, colchones dignos para pernoctar y sanitarios higiénicos.
Este Decreto entrará en vigor a los 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, a fin de dar tiempo a los ayuntamientos para hacer las adecuaciones de instalaciones y de índole presupuestal para llevar a cabo las medidas mínimas aprobadas por el Congreso del Estado.
Aprueban dos acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno legislativo aprobó un Acuerdo que resuelve exhortar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que informe a la Tribu Yaqui, de manera desglosada, sobre los recursos públicos destinados a su comunidad en los ejercicios presupuestales de 2019 y 2020, los atiendan y den solución a la problemática que les planteen.
El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano informó que diversas autoridades de la Tribu Yaqui le solicitaron, de manera verbal y por escrito, que hablara a nombre de ellos en la tribuna del Congreso del Estado, a efecto de solicitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno los informen, atiendan y le den solución a los problemas que les planteen.
“En este Pleno tenemos claro que es inadmisible la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Las autoridades deben ser transparentes y poner a disposición toda la información a los gobernados, máxime si es una comunidad que necesita que se le apoye para su desarrollo por las condiciones de marginación y atraso en las que se les tenía, como las comunidades indígenas”, aseveró el legislador.
El exhorto también está dirigido a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que informe a le etnia, de manera desglosada, los recursos públicos destinados a esa comunidad durante los ejercicios presupuestales de 2019 y 2020, los atiendan y den solución a la problemática que plantean, así como a los presidentes municipales de Guaymas, Bácum, Cajeme y San Ignacio Río Muerto, con la misma solicitud.
El segundo Acuerdo con exhorto está dirigido a la titular del Poder Ejecutivo estatal, al Director General de Transporte y al Delegado Regional de Transporte de Nogales, para que apliquen la tarifa estudiantil prevista en la fracción I, inciso C) del Artículo 89 de la Ley de Transporte del Estado de Sonora, con el objeto de que se realicen todas las acciones y diligencias necesarias para que se garantice el cumplimiento efectivo del derecho fundamental estudiantil de contar con un transporte público y gratuito para el ciclo escolar 2020-2021.
La diputada María Dolores Del Río Sánchez informó que el pasado 1° de julio recibió un oficio suscrito por el estudiante nogalense Kevin Román Pineda Gómez, en representación de la comunidad estudiantil de la Universidad de Sonora campus Nogales, del Instituto Tecnológico de Nogales y de la Universidad Binacional, del que se desprende una demanda ciudadana en relación con la tarifa estudiantil prevista en la Ley de Transporte y que ellos no han gozado de ese derecho fundamental de transporte público y gratuito.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley, a partir del 21 de julio de 2014, todos los estudiantes sonorenses tienen el derecho a dos pasajes gratuitos diarios en el transporte público, sin embargo, han transcurrido seis ciclos escolares desde entonces y se ha completado, el pasado 24 de agosto que inició el ciclo escolar 2020-2021, un plazo vencido de dos mil 226 días naturales sin que el Ejecutivo estatal haya cumplido con su deber legal, sostuvo.
La iniciativa con punto de Acuerdo generó la participación de los diputados Jesús Alonso Montes Piña, Leticia Calderón Fuentes, Miguel Ángel Chaira Ortiz, Nitzia Corina Gradías Ahumada, Eduardo Urbina Lucero, Gricelda Lorena Soto Almada y Carlos Navarrete Aguirre, quienes coincidieron que se debe cumplir con la norma y respaldaron la propuesta.
Al Acuerdo se le adicionó un segundo punto, a propuesta del diputado Urbina Lucero, para que la Presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado esté atenta a la respuesta al exhorto por parte de las autoridades en un término de 15 días hábiles y, de no ser así, conocer las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a lo que establece la Ley de Transporte.
El diputado Luis Armando Colosio Muñoz, presidente de la mesa directiva, citó a la próxima sesión del Pleno (presencial) para el martes 15 de septiembre, a las 10:00 horas.
