La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen que avala las tablas y planos de valores unitarios de suelo y construcción de diversos municipios sonorenses para el ejercicio fiscal 2026, así como una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
La diputada Rebeca Silva Gallardo (Nueva Alianza Sonora), presidenta de la comisión, informó que un total de 51 ayuntamientos presentaron propuestas de actualización. De estos, cinco no contemplan incrementos: Aconchi, Naco, Oquitoa, Rosario y Santa Cruz.
Entre los ajustes, destacan los incrementos del 1% en Átil y del 3% en Huepac. Municipios como Cajeme y Empalme presentaron aumentos dentro del rango sugerido por el Instituto Catastral y Registral del Estado (Icreson), con Cajeme entre 3.5% y 3.7%, y Empalme con un 4%.
Un total de 31 municipios se apegaron a la recomendación del Icreson de aumentar un 4.32% en sus valores catastrales. Algunos de estos son Caborca, Cananea, Nacozari de García, Pitiquito, Rayón y Yécora.
Otros ayuntamientos, como Altar, propusieron incrementos mayores al promedio, con un 4.95%, mientras que Banámichi, Magdalena, Sahuaripa, San Javier y Tepache establecieron un 5%. Por su parte, la propuesta del municipio de San Luis Río Colorado fue rechazada por entregarse fuera de plazo.
Se registraron también propuestas con aumentos superiores a lo sugerido por el Icreson por parte de los municipios de Agua Prieta, Hermosillo y Ures.
En la misma sesión, se aprobó también una modificación a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para fortalecer la libertad religiosa y de asociación, mediante el reconocimiento de la Constancia de Notorio Arraigo, un documento que facilitará la constitución de asociaciones religiosas y será expedido por los ayuntamientos.
Ambos dictámenes serán turnados a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) para su inclusión en una próxima sesión ordinaria del pleno.
En la reunión estuvieron presentes funcionarios estatales y legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Amanda Marchena Morales, coordinadora estatal de Asuntos Religiosos, así como las y los diputados María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena), Gabriela Félix Bojórquez (MC), Héctor Castelo Montaño (Morena), Norberto Barraza Almazán (PES), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y David Figueroa Ortega (PVEM).
