Por Gerardo Ponce de León Ramos
En Sonora, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad innegable, marcada por la impunidad y el silencio institucional. Los feminicidios, desapariciones y violencia sexual muestran que las autoridades no han logrado garantizar justicia ni protección efectiva para las víctimas. La falta de avances en investigaciones, la omisión de las instituciones y la revictimización son parte de un sistema que, en lugar de dar respuestas, deja en el abandono a quienes buscan justicia.
El caso de Paula Josette es un claro ejemplo de la falta de transparencia e impunidad que persiste en el estado; una mujer que ingresó al Cereso de Hermosillo y nunca salió con vida. Esta situación ha levantado sospechas sobre cómo la Fiscalía podría estar minimizando el asunto, ya que han hecho todo lo posible para tratar su fallecimiento como una muerte repentina en lugar de un feminicidio, aún con pruebas tangibles que presenta El País, que destaca un nuevo peritaje donde señala que la joven fue asfixiada, y no murió por un “infarto en el miocardio”, como había señalado anteriormente la Fiscalía del Estado de Sonora. Cuando hechos de violencia de género se manejan de esta manera, el mensaje que se manda es claro: la impunidad sigue ganando terreno.
Según datos obtenidos por la activista Lizette Sandoval, durante 2024, se registraron 46 feminicidios en Sonora, lo que expone la ineficacia de las políticas públicas implementadas para erradicar la violencia de género; más, si tomamos en cuenta que en 2023, se abrieron 30 carpetas de investigación por el delito de feminicidio por la Fiscalía del Estado, estamos hablando de un incremento del 53.33%.
La violencia no solo se manifiesta en los feminicidios, sino también en el ámbito laboral, donde muchas mujeres son víctimas de hostigamiento y acoso sin que haya consecuencias para los agresores. Según el informe de México Evalúa, el 98.2% de las denuncias por hostigamiento sexual no se presentan a nivel nacional. Un ejemplo de esto es Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sonora, quien ha sido señalado por violencia de género y hostigamiento sexual por ex empleadas de la institución. Las víctimas han declarado que sus acusaciones no han sido atendidas de manera seria, y hasta el día de hoy, el acusado mantiene el mismo puesto como titular de la comisión.
En el estado, el 71.6% de las mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según datos del INEGI. Este porcentaje no es solo una cifra; son historias de abuso, de miedo y de desprotección que se acumulan año tras año, mientras el sistema judicial no da señales claras de cambio.
En el marco del Mes de la Mujer, debemos cuestionar si la justicia realmente está funcionando como debería. No basta con destinar recursos a la justicia; se necesita que estos se traduzcan en acciones concretas que protejan a las mujeres, que erradiquen la impunidad y que realmente hagan frente a los problemas de violencia de género. Es hora de que las autoridades dejen de ver la violencia de género como un número en las estadísticas y comiencen a tratarla como lo que realmente es: un problema de derechos humanos que exige una respuesta urgente y efectiva.
Entrevista de Soledad Durazo a Lizette Sandoval en Noticias Radio Fórmula Sonora aquí👇
