Ayer el presidente López Obrador se refirió de nueva cuenta a las plazas de cobro, mejor conocidas como casetas, en las carreteras de cuota del país, y que en varios puntos del territorio han sido tomadas por grupos que están en contra del peaje.

Esos grupos que argumentan el derecho al libre tránsito y exhiben como una ilegalidad el cobro, ya tienen tiempo cometiendo precisamente una ilegalidad.

La autoridad defiende la permanencia de las casetas de cobro argumentando que se puede tomar la ruta alterna para evitar el pago, y que el país requiere ingresos supuestamente para el mantenimiento carretero.

Efectivamente, existen vías alternas para sacarle la vuelta al pago de cuota pero suelen ser muy extensas y rara vez se encuentran en buenas condiciones, así que transitarlas es porque simplemente no se puede o no se quiere usar la carretera de cuota.

Las casetas de cobro son una importante fuente para la captación de recursos. Si lo ahí recaudado fuera realmente aplicado para el mantenimiento de la rúa, quizá el enojo no fuera tanto. Lo que pasa es que lo que se paga en las casetas no solo se usa para la carretera sino que se “mete en la licuadora nacional” y de ahí salen los pesos para otros programas.

Los grupos que han tomado las casetas se han distinguido por la opacidad en el uso de los recursos que se captan vía la buena voluntad o agradecimiento de los automovilistas que muchas veces con gusto depositan en el boteo una cantidad simbólica, comparada con las tarifas oficiales.

Esos grupos no se toman la molestia de transparentar el recaudo. En qué lo gastan o cómo se reparte, no lo sabemos, pero podemos especular mucho.

Por eso pretenden combatir lo que consideran ilegal o injusto con otra ilegalidad. Se han hecho exhortos, mesas de negociación, intentos de convencimiento e incluso encarcelado a manifestantes, pero ahí siguen.

Ahora el Señor Presidente vuelve a insistir, y no le falta razón, cuando dice que “Todos debemos portarnos bien” pero precisamente las leyes están para cuando no nos portemos bien y la autoridad para aplicar la ley.

Lo contrario (a no portarse bien) podía hacerse cuando había autoridades corruptas pero ahora no existe, abunda el presidente. La realidad es que a prácticamente 13 meses de ejercicio gubernamental de la actual administración y ahí siguen los que se portan mal...y de la participación de los yaquis en tres retenes que tienen en la carretera y “levantan la piola” para obligar a la cooperación de los automovilistas pues ni hablar porque es todavía más complejo el tema...probablemente en la disculpa que se les ofrecerá se puede incluir el punto.

Por lo pronto siguen tomadas las casetas de Obregón y Navojoa.


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Si vemos las cifras de la inseguridad que se han incrementado en el país —para lo cual Sonora no es la excepción— y relacionamos fuertemente el fenómeno con el tráfico y consumo de drogas, resulta alentador el programa que desde la Secretaría de Educación que dirige Víctor Guerrero y específicamente a través de la Subsecretaría a cargo de David Palafox se está bajando a la estructura. Es un programa educativo de prevención de adicción a las drogas.

Este programa se llevará a cabo a través de las escuelas secundarias en el estado que han sido seleccionadas para tal fin, y por lo que sabemos ha sido muy bien recibido.

Sabemos que para los y las maestras comprometidas con su trabajo el tema de las adicciones representa una gran preocupación y seguramente también han experimentado cierto grado de impotencia cuando el estudiante empieza por perder el entusiasmo, luego se ausenta hasta que finalmente abandona la escuela. Por lo tanto es comprensible que le den la bienvenida a esta acción que puede ser una esperanza. Bien cuidado, aplicándolo con seriedad, dando el seguimiento adecuado y sobre todo logrando efectividad con ello, será no solo un sello que puede distinguir la administración de la gobernadora Pavlovich sino que deberá ser abrazado, y desde el magisterio, la sociedad civil, padres y madres de familia, cuidar la continuidad del mismo.


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Ana Cecilia Grijalva Moreno, fue designada por el INE para ocupar el asiento que en el Instituto Estatal Electoral, tuviera la ex Consejera Claudia Ruíz.

Casi 20 años en el Organismo estatal electoral y su participación en 6 proceso, respaldan su conocimiento del tema sobre todo en materia de capacitación.



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