El pasado 12 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
\nde la Naci\u00f3n (SCJN) confirm\u00f3 la sentencia dictada por el Juez Primero de
\nDistrito en Materia Administrativa de esta Ciudad en 2019, con lo que no
\npodr\u00e1 aplicarse el contenido de los p\u00e1rrafos segundo y tercero del
\nArt\u00edculo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n
\n(LFTyR) y deber\u00e1 de retirarse la limitaci\u00f3n impuesta al Instituto Federal
\nde Telecomunicaciones (IFT), para regresar la obligaci\u00f3n de los
\nconcesionarios de ajustar sus C\u00f3digos de \u00c9tica a los Lineamientos del
\nIFT, organismo garante de los derechos de las audiencias.
\nLos derechos de las audiencias fueron reconocidos en la Constituci\u00f3n
\nPol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2013 tras una
\nadici\u00f3n en el Art\u00edculo 6\u00b0 que protege la libertad de expresi\u00f3n y el
\nderecho a la informaci\u00f3n. Sin embargo, en 2017 fueron modificadas
\nalgunas porciones normativas del Art\u00edculo 256 de la LFTyR que
\nestablecen los par\u00e1metros y mecanismos de protecci\u00f3n de los derechos
\nde las audiencias. El efecto de tales medidas fue limitar las atribuciones
\ndel IFT para emitir Lineamientos que establecieran criterios homog\u00e9neos
\na las concesionarias para la defensa de los derechos de las audiencias.
\nEsta norma que otorgaba facultades a las empresas concesionarias para
\ndefinir sus propios m\u00e9todos para respetar los derechos de las audiencias
\ny fijar los est\u00e1ndares de actuaci\u00f3n de sus personas defensoras de las
\naudiencias no s\u00f3lo era de talante regresivo, sino que imped\u00eda la
\npertinente intervenci\u00f3n del Estado para garantizar la protecci\u00f3n de tales
\nderechos.
\nAl respecto, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de la Ciudad de M\u00e9xico
\n(CDHCM) reitera que los derechos de las audiencias y la libertad de
\nexpresi\u00f3n deben ser constantemente evaluados a la luz de los casos
\nconcretos mediante ejercicios de ponderaci\u00f3n objetivos, razonables y
\nproporcionales que, por la misma naturaleza de sus funciones, la
\nautoridad p\u00fablica debe liderar.
\nLa CDHCM celebra el criterio de la Corte, pues tiene como fin evitar
\nsupeditar esos derechos a cualquier inter\u00e9s privado. Esta decisi\u00f3n
\nprivilegia el derecho amplio a la informaci\u00f3n por encima de la capacidad
\nprivada para limitarlo directa o indirectamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El pasado 12 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) confirm\u00f3 la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta Ciudad en 2019, con lo que no podr\u00e1 aplicarse el contenido de los p\u00e1rrafos segundo y tercero del Art\u00edculo 256 de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8398,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[159],"tags":[],"class_list":["post"],"yoast_head":" \n