El próximo martes 29 estaré recordando que tres años antes, en una fecha igual, el atlacomulquense Enrique Peña Nieto “se cubrió de gloria” al anunciar que desaparecía el Distrito Federal y nacía la Ciudad de México, las delegaciones políticas “se transformarían” en alcaldías. El mismo mexiquense ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014, el decreto de reforma constitucional para cambiarle el nombre a la Procuraduría General de la República por el de Fiscalía General de la República.

No olvidemos que en 1997 la Capital de la República también fue objeto de otro cambio. El Presidente de la República dejó de ser quien nombraba al jefe del Departamento del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia y al Jefe de la Policía. Los habitantes del D.F. vivieron su primera experiencia como electores del Jefe de Gobierno y de los integrantes de la Asamblea Legislativa. El revés fue definitivo para el partido que dominaba desde 1929. Los priistas jamás se han repuesto del golpe.

Siempre se afirma que los cambios generan progreso, transformaciones trascendentes, nuevos derroteros, superación de errores o fallas humanas que se cometen. No podemos comentar lo contrario, sobre todo cuando estamos inmersos, desde los últimos años del siglo pasado, en los cambios técnicos, tecnológicos y científicos. Simplemente la telefonía inalámbrica nos da la inmediatez en la comunicación. Se rompieron barreras geográficas, se acortaron las distancias intercontinentales.

Con el propósito de que el Distrito Federal cambiase de estatus jurídico y se convirtiera en “ciudad capital” con autonomía política y económica, que contara con una Constitución Política “propia” y un Congreso Local, desde el 11 de agosto de 2010 la Asamblea Legislativa envió su propuesta de Reforma Política al Senado de la República y éste la aprobó, lo que anunció el entonces presidente Peña Nieto y en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2016, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal “por el que cambia de denominación el Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo”.

Un amplia pregunta o, mejor escrito, varias interrogantes surgen. ¿Ha disminuido la inseguridad dentro y fuera de nuestros hogares, de los centros de trabajo, de las oficinas públicas y privadas, de la vía pública? ¿Los operadores, choferes, de microbuses, de combis, de autobuses, han sido sancionados por no cumplir con el Reglamento que se les formuló? ¿Los motociclistas particulares y los policíacos dejaron de circular por donde les viene en gana? ¿Se ha ejecutado algún programa educativo para conductores de vehículos automotores y para los peatones?

En las oficinas de las hoy llamadas “Alcaldías” el titular simple y sencillamente no recibe al público ni atiende llamadas telefónicas, “por encontrarse sumamente ocupado”. Los empleados de esas oficinas no han modificado su estilo de atención al público. Entonces me pregunto: ¿Es falso que solo se cambió de nombre a la hermosa Capital de la República, por un acto eminentemente electorero?

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿El cambio de nombre de Procuraduría General de la República por el de Fiscalía General de la República, surtirá los mismos efectos que la reforma constitucional aquí comentada?

jherrerav@live.com.mx


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