Según información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se observa un nepotismo imperante en el poder judicial, donde familias enteras de jueces y magistrados obtienen puestos en juzgados y tribunales de todo el país. Tan sólo el año pasado, dicho organismo, contabilizó más de 500 magistrados con familias, incluyendo a compadres y comadres, que ocupan cargos en juzgados; en total 7, 148 funcionarios públicos del Poder Judicial comparten trabajo con su parentela.

El estudio elaborado por Felipe Borrego Estrada, Consultor de la Judicatura, deja bien claro que el Poder Judicial de la Federación se encuentra viciado por la adulteración de sus prácticas y el uso indebido de las facultades constitucionales para nombrar y remover funcionarios con autonomía.

Son varios altos los que se han interpuesto al Poder Judicial para reformarlo. Por ejemplo, para terminar con el anquilosado y morboso nepotismo, a finales de noviembre de este año el presidente del Consejo de la Judicatura propuso un acuerdo general que por fin prohíbe hacer uso de facultades para hacer nombramientos, con lo que se garantiza el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los futuros empleados.

Más reciente aún, como parte de la política de austeridad, que López Obrador propone llevar a cabo, se decretó la ley de remuneración de servidores públicos, lo que provocó la indignación, principalmente de los funcionarios del Poder Judicial, cuyo salario ya no podrá superar el sueldo del presidente de la república, que es de 108 mil pesos mensuales.

Dicha ley tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Es aquí donde les duele a los servidores del Poder Judicial, a tal grado de que por primera vez en la historia de nuestro país se manifestaron. Además de la protesta, 6 mil servidores públicos han presentado mil 275 demandas de amparo ante esta ley.

A los jueces y magistrados que habían mantenido sus privilegios intocables, se les asestó un golpe limpio y justo pues aún en su carácter autónomo, tendrían que acatar la ley, que implica la fiscalización y reducción de salarios. En el fondo y en la superficie, esta ley escandaliza a los magistrados ya que atenta contra sus intereses y beneficios directamente.

En su defensa, los más pulcros justifican su rechazo a esta ley debido a que atenta contra la autonomía y temen que la intromisión de autoridades en su administración y actuar afecten el trabajo del Poder Judicial. Por otro lado, también hubo declaraciones desesperadas y comprometedoras, que resultan incongruentes luego de reflexionarse, como esa tan sonada de que los magistrados podrían “corromperse” debido a la reducción de su sueldo. Sólo por esta declaración se puede inferir que la profesionalidad de estos señores pende de un fajo de billetes, por consiguiente el mismo albur corre, lamentablemente, para la justicia.

En un país como el nuestro donde la pobreza se encuentra a flor de piel y la desigualdad indigna con justas razones, el plan de austeridad republicana solamente representa un problema y una molestia para los servidores públicos que viven como emperadores y se resisten a dejar sus insultantes privilegios.


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